Para tener un panorama más clarificador sobre lo sucedido durante el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, la especialista relató lo ocurrido durante el último año con la píldora, aclarando primero que la ley de Bachelet, hablaba de la obligación de entregar el fármaco, incluyendo a las niñas de 14 años. Además, se estableció la obligación de entregar educación sexual a todos los alumnos de enseñanza media.
Cuenta que después que se aprobó la ley, el paso siguiente era que el ministerio de Salud debía redactar un reglamento para llevar ésta a la realidad y aclarar de qué manera se iba a implementar. “Este reglamento hasta el momento no se ha hecho. Pero nosotros tuvimos una reunión el año pasado con el ministro de Salud, dado que había un diagnóstico desde Flacso (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales), diciendo que de los municipios, sólo la mitad lo estaba entregando y logramos que se enviara un instructivo en noviembre del año pasado, que decía que se debía entregar a todas las mujeres por las razones que ellas lo solicitaran”.
El instructivo, con fecha 19 de noviembre de 2010, firmado por la ex subsecretaria de Salud, Liliana Jadue, confirma la información de Verónica y en éste se plantea “que toda persona tiene derecho a elegir libremente y de acuerdo a sus creencias y formación, los métodos de regulación de la fertilidad, que cuenten con la debida autorización. Sin embargo, aquellos casos en que el método anticonceptivo de emergencia sea solicitado por una persona menor de 14 años, el funcionario o facultativo procederá a la entrega, debiendo informar posteriormente al padre, madre o a algún adulto responsable que la menor señale”.
Esto fue enviado a los municipios, quienes por ley están obligados a entregar la píldora a quien lo solicite, o de lo contrario están infringiendo esta ley.
Sin embargo, Schiapacasse cuenta que este año, un informe de Flacso, mostró que aún hay cerca de un 40% de municipios que se niegan a entregar el fármaco, argumentando diversas razones, pero principalmente las éticas y morales. “La ley no se está cumpliendo a cabalidad porque hay municipios que no están entregando la píldora porque dicen no tenerla, aunque deberían tenerla porque la Cenabast compró, además el ministerio ha dado recursos para que se adquiera”.
Este dato no es menor, porque si bien en algún momento se acusó a la Cenabast (Central Nacional de Abastecimiento) de no tener el stock requerido por centros de salud y farmacias, el año pasado se realizó una compra de 49.418 dosis de Escapel 2 (levonorgestrel 0.75 mg), por un monto de $49.170.910.
Un porcentaje importante de los municipios que se encuentran en esta situación ha sostenido que no distribuyen la PAE por falta de stock (33,1%). Otra causa importante de no entrega es la prohibición expresada por el edil. Más del 50% de los municipios que no entregan aducen estas dos causas. En ambos casos, la responsabilidad del alcalde es central.
“Trabajamos con adolescentes y jóvenes y uno de los temas que tratamos en nuestra educación sexual, es la anticoncepción de emergencia y el derecho a acceder a ella. A nosotros nos llaman porque la anticoncepción de emergencia todavía la tienes que adquirir con receta. Nos llaman mucho y aquí tratamos de ayudarlos y nuestra experiencia es que cada vez que los mandamos a sus consultorios, en la mayoría de los casos, no les dan la píldora, porque les dicen que ahí no la entregan o que no trabajan con este fármaco. Y pese a la ley, al instructivo del ministro, no hay avances”.
“Los consultorios tienen Sapu, y muchas veces ahí se desentienden del tema y los mandan al hospital, donde dice que atienden solo casos de violación y no solo en Puente Alto donde el alcalde tiene prohibida la entrega. El otro día pasó en Pudahuel, en La Florida. Inclusive los adolescentes tienen problemas con la receta en la farmacia y cuando el farmacéutico no quiere venderla le empieza a subir el precio a ponerle trabas, decirle que no tiene, cuando por ley, también las farmacias tienen que tener “, sentencia.
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